Para ello, hemos fortalecido nuestras relaciones con las autoridades públicas en algunos estados identificados como mercados clave para ROADIS: como California, Colorado y Florida. Además, seguimos de cerca las posibles oportunidades de asociación público-privada que se están desarrollando en California, Maryland y Georgia. .
Estados Unidos es la mayor economía a nivel mundial, por encima de China. La economía creció 2,4% en 2019 —en comparación con el 2,9% de 2018—.
El país afronta importantes desafíos, como las crecientes desigualdades sociales y un buen número de infraestructuras desactualizadas, que afectan al potencial crecimiento de su PIB. La guerra comercial entre Estados Unidos y China parece afectar a los inversores y a la economía en su conjunto. El presidente Trump implementó medidas de proteccionismo comercial a través de aranceles aplicados a las importaciones chinas a pesar de que se anunció un acuerdo comercial parcial en diciembre de 2019.
La deuda pública creció un 5,6% en 2019, para colocarse en 111,8% sobre el total del PIB. El déficit fiscal de Estados Unidos llegó a 6,3% en 2019, y se esperaba su estabilización en los próximos años hasta el estallido de la crisis del COVID-19. Las reformas fiscales del presidente Trump han afectado el déficit desde 2018, generando una tendencia al alza para la deuda. Los economistas estiman que el Gobierno seguirá aumentando el gasto. Phillip Swagel, director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, prevé que el déficit llegará a niveles históricos, con cifras no vistas desde la Segunda Guerra Mundial. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el índice de precios al consumidor aumentó 2% en diciembre de 2019, con precios más elevados en energía, y un aumento más lento en alimentos.
La tasa de desempleo bajó de 3,9% al 3.7% en 2019, situación asimilable al pleno empleo. De nuevo, las previsiones respecto a deuda, déficit y empleo han quedado desactualizadas dado que el país también afronta las consecuencias de la emergencia sanitaria.
Según la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE), el déficit de financiación de la infraestructura de los EE.UU. superará los 2 billones de dólares en los próximos 10 años.
En abril de 2019, se anunció un acuerdo bipartidista inicial para abordar el déficit de financiación con un plan de infraestructura de 2 billones de dólares para mejorar las carreteras, ferrocarriles, puentes, redes eléctricas, agua y banda ancha de la nación.
Sin embargo, el acuerdo no avanzó debido a la falta de consenso sobre el enfoque de financiación. A principios de año, el Presidente Trump esbozó un nuevo plan de infraestructura de 1 billón de dólares para mejorar las carreteras, los ferrocarriles, los sistemas de agua y otras infraestructuras, confiando completamente en la financiación federal.
La financiación federal es una fuente crítica de financiación para los estados y los gobiernos locales. Los gobiernos estatales y locales han buscado otras opciones de financiamiento, con un estimado de 34 estados tomando medidas para recaudar nuevos ingresos, o reasignar medidas existentes, para el transporte desde 2013. En 2019, las inversiones de transporte nuevas y recurrentes aprobadas por los votantes estatales y locales en las urnas ascendieron a 9.600 millones de dólares.
Las asociaciones público-privadas (P3) siguen siendo un método complementario para la ejecución de proyectos alternativos en los sectores del transporte y la infraestructura social de los Estados Unidos, ya que aprovechan el capital del sector privado y ofrecen a los emisores del sector público opciones para financiar proyectos de gran escala.
Sin embargo, algunos proyectos han fracasado o han experimentado problemas de asignación de riesgos entre los sectores público y privado, lo que ha llevado a algunos promotores a abandonar el mercado de las P3 de los Estados Unidos y podría obstaculizar el crecimiento futuro.
Más de 40 estados promulgaron leyes para autorizar el uso de asociaciones público-privadas para proyectos de transporte.
La mayoría de los estados están estudiando actualmente la ampliación de las carreteras de peaje y los carriles administrados para hacer frente a los problemas de congestión en sus comunidades. Además, las grandes ciudades, como Nueva York, Los Ángeles o San Francisco, están promoviendo iniciativas innovadoras para gestionar mejor la congestión y ampliar las opciones de movilidad de sus habitantes.
El sector de las managed lanes y de la tarificación de la congestión es joven y está creciendo rápidamente. Existen el doble de proyectos operativos que hace cuatro años. Durante el próximo año se prevé que se completen varios proyectos de managed lanes o carriles administrados en California, Colorado, Carolina del Norte y Texas.
Las nuevas tecnologías, incluidos los vehículos autónomos, la movilidad y la tecnología de uso compartido de vehículos actuarán como una fuerza disruptiva en el transporte terrestre, con un impacto directo en las pautas de conducción y movilidad.
Los gobiernos locales mantienen alrededor del 77% de todas las millas de carretera con las agencias de carreteras estatales responsables de aproximadamente el 19%.
A lo largo del país, 199.147 millas de carreteras principales, o el 19,4%, están en malas o mediocres condiciones y necesitan ser repavimentadas o incluso reparaciones más sustanciales. Además, 47.052, o el 7,6 por ciento, de los 616.086 puentes de la nación son estructuralmente deficientes. Esto significa que estos puentes son seguros de usar pero necesitan un mantenimiento o reparación significativa para permanecer en servicio.
El último valor neto de las acciones de capital de transporte de EE. UU. se estimó en 7,7 billones de dólares en 2016.
• 62 mil millones de dólares de inversión en carreteras federales y transporte público.
• 305 medidas de inversión en transporte estatal y local rastreadas por el Centro de Defensa de la Inversión en Transporte.
